CIPER accedió a testimonios y documentos que muestran que por años en la representación diplomática de Chile en Buenos Aires se giraron miles de dólares contra facturas materialmente falsas o comprobantes sin especificaciones. La Cancillería abrió un sumario a petición de la exembajadora Bárbara Figueroa. Pese a la gravedad de los hechos, en ese ministerio confirmaron a CIPER que aún no se ha interpuesto una denuncia ante la fiscalía, la que podría concretarse si la investigación interna indica que se cometieron ilícitos. Por ahora, sostienen en ese ministerio, solo se aprecia “incumplimiento de procedimientos administrativos”.
La embajada de Chile en Argentina ha sido escenario de una serie de pagos irregulares a proveedores por miles de dólares durante años, según revelan documentos y testimonios a los que CIPER tuvo acceso y que no serán difundidos en este reportaje para proteger a las fuentes. Los presuntos actos de corrupción fueron denunciados al interior de la Cancillería, donde se abrió una investigación administrativa, por la exembajadora en ese país, Bárbara Figueroa (PC), quien detectó en octubre de 2023 que se giraron recursos fiscales contra facturas materialmente falsas en el marco de las actividades por la conmemoración los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.
“Apenas tuve antecedentes hice las gestiones para que se procediera a realizar una investigación interna”, ratificó a CIPER la exembajadora, quien señaló que también informó al actual representante chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo (PS).
Bárbara Figueroa, quien señala que conoció los hechos poco antes de dejar su cargo, confirmó a CIPER que las prácticas irregulares se arrastran por años: “Y a mí no me parecía que esto persistiera”, dijo.
En una respuesta por escrito a las consultas de CIPER, la Cancillería informó que la denuncia derivó en un sumario administrativo, el que aún no determina sanciones. Hasta ahora, según confirmó el ministerio, no se han interpuesto denuncias o querellas ante la fiscalía, lo que podría ocurrir si en la indagatoria interna aparecen antecedentes que indiquen la comisión de ilícitos. Hasta ahora, señala la respuesta, “lo que se tiene a la vista es un incumplimiento de procedimientos administrativos”.
Los hechos denunciados, comunicados también al segundo piso de La Moneda, apuntan a que desde el área contable de esa legación se emitían cheques para girar por caja los dólares que el Ministerio de Relaciones Exteriores deposita en el Banco Francés de Argentina en la cuenta especial en dólar 304-4XXXX/X. CIPER pudo revisar copias de esas operaciones.
Luego, con el dinero en efectivo guardado en la embajada, se pagaba en dólares a proveedores que facilitaban facturas materialmente falsas o recibos sin mayores especificaciones, según consta en el sumario. Es decir, papeles sin el código QR de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que certifica que una factura es real. CIPER accedió a copias de estos documentos fraudulentos.
Luego los dólares eran pasados por mano a los proveedores, ocasión en que se emitía un comprobante de egreso que llevaba el visto bueno de los contadores Ivonne Salcedo y Jorge Vega, además de las firmas de la funcionaria Patricia Águila y el encargado de Negocios, Alberto Rodríguez. CIPER tiene copia de esos documentos.
Pese a que en la Cancillería se investiga internamente su rol en estos hechos, el diplomático Alberto Rodríguez asumió como embajador ante Marruecos, cargo donde permanece hasta hoy.
Las operaciones bajo sospecha fueron realizadas principalmente por el encargado de eventos de la embajada, Rodrigo Contreras, quien llegó a trabajar a la representación chilena durante el paso del embajador Marcelo Díaz, el que ocupó ese puesto entre 2014 y 2015, bajo la segunda administración de Michelle Bachelet. Uno de los proveedores más importantes contratados por Contreras es Mauro Luis Nanni, representante de MNL Organización Integral de Eventos, empresa que ha prestado diversos servicios de producción a la embajada chilena en Buenos Aires.
El funcionario Rodrigo Contreras permanece en la embajada. El 17 de abril de 2024 posó para el diario La Nación de Argentina, periódico que publicó una nota sobre su entonces recién estrenado restaurante: el Croque Madame, de Callao 1540, Recoleta, uno de los barrios más tradicionales y elegantes de Buenos Aires. En aquella crónica, Contreras se presentó como empresario gastronómico y no se mencionó su trabajo en la embajada. En el artículo, Contreras contó que en su restaurante hay un mural de Raúl Soldi, el artista que pintó la cúpula del Teatro Colón (vea la nota de La Nación). “Cuando la gente entra y ve el mural, queda impactada”, subrayó en ese artículo Contreras.
En Instagram, el Croque Madame hace gala de su exclusividad, de la organización de eventos, de sus tardes de tango, de sus noches de jazz, de la visita de artistas y de su gastronomía de toque francés. CIPER recorrió sus instalaciones, ubicadas en el histórico edificio del Colegio de los Escribanos.
CIPER intentó contactarse con Rodrigo Contreras, para consultarle sobre su participación en los hechos investigados, pero no respondió mensajes y llamadas.
Entre las facturas materialmente falsas que se pagaron con dinero de la embajada, figuran documentos a nombre de la empresa del argentino Mauro Luis Nanni. Por ejemplo, un documento sin código QR por producción de eventos para un conversatorio con la organización pro derechos humanos Abuelas de la Plaza de Mayo. Este documento, del 25 de octubre de 2022, también pudo ser revisado por CIPER.
Nanni promueve de manera amplia su trabajo con la embajada chilena en Instagram, en @mnleventos, mostrando videos de los distintos espacios de esa legación diplomática y de su trabajo con ella.
En el sumario administrativo de la Cancillería se detallan una serie de pagos y eventuales irregularidades vinculadas a la gestión del Centro Cultural Matta, que depende de la embajada chilena. Estos pagos incluyen desembolsos en efectivo contra recibos informales en vez de facturas, sin siquiera especificaciones detalladas de los servicios contratados. También se repite la denuncia de la existencia de facturas sin el código QR de la autoridad tributaria argentina.
Por último, se observa la existencia de comprobantes de egreso, en dólares, sin identificación clara de los destinatarios o copia de sus documentos de identidad. A ello se suman pagos que podrían estar por sobre los precios habituales del mercado o boletas de taxi para ir desde la embajada al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, distante a sólo cinco cuadras.
Consultada por CIPER, la Cancillería respondió por escrito, a través de un mensaje de Whatsapp, confirmando que fue informada de los hechos en octubre de 2023, que se abrió una investigación interna y que aún no ha efectuado una denuncia a la fiscalía, lo que podría ocurrir si la indagatoria administrativa muestra indicios concretos de que ocurrieron hechos delictivos.
En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a CIPER que, efectivamente, “hubo una denuncia por hechos que podrían ser irregulares en el ámbito administrativo”.
“Esta denuncia -prosigue la respuesta- fue canalizada oportunamente por la autoridad de la Cancillería, que instruyó el 7 de noviembre de 2023 la realización de un sumario administrativo, el cual sigue su curso de tramitación y cuyo contenido es secreto. El fiscal de dicho sumario debe pronunciarse sobre los antecedentes que se logren recabar, y las autoridades ceñirse a ese pronunciamiento para determinar siguientes cursos de acción. Cabe señalar que para que opere el deber de denuncia, tiene que existir la convicción de que existen hechos delictivos. En este caso, lo que se tiene a la vista es un incumplimiento de procedimientos administrativos. En el evento que la investigación realizada por el fiscal a cargo del sumario, revelara la existencia de comisión de algún delito, estos serían denunciados debidamente ante el Ministerio Público”.
Respecto al hecho de que se ascendiera al exencargado de Negocios en la embajada argentina (quien firmó los procedimientos cuestionados), la Cancillería señaló que “cuando se realizó el ascenso y nombramiento del embajador en Marruecos no existía sumario en curso. Es preciso aclarar que, primero, el nombramiento de un embajador o embajadora es un proceso complejo y requiere una consulta con el Estado receptor. Por práctica diplomática, esa consulta es reservada y tarda varios meses. En este caso, la consulta se inició varios meses antes de que se instruyera el sumario en curso (1 de agosto de 2023). Marruecos respondió y entregó beneplácito, también antes de que se iniciara sumario alguno (5 de octubre de 2023). Una vez que se ha concedido un beneplácito, el estado acreditante (Chile), debe hacer esfuerzos por enviar a su embajador oportunamente, lo que ocurrió el 16 de diciembre de 2023”.
La respuesta de la Cancillería, además, insistió en que las autoridades no pueden tomar decisiones respecto del ahora embajador, debido a que la indagatoria interna es reservada: “El sumario es secreto y la autoridad recién puede conocer su estado cuando el fiscal comunica su vista, lo que no ha ocurrido y, por lo tanto, no había ocurrido a la fecha en que el embajador de Chile ante Marruecos asumió funciones. Por último, los sumarios administrativos no son impedimento para que se ejerzan funciones tras un nombramiento”.
Respecto a por qué se mantiene en el cargo al funcionario Rodrigo Contreras. La Cancillería insistió en el argumento de que el sumario es secreto y que los hechos serán denunciados si en ese procedimiento se comprueba que hay delito.